Defendemos a altos cargos de la Administración en el asunto de la Desaladora de Escombreras.
SANCHEZ-VIZCAINO, defiende a altos cargos de la Administración en el asunto de la Desaladora de Escombreras.
Las declaraciones de tres antiguos vocales de los consejos de administración del Ente Público del Agua (EPA) y de las empresas públicas Hidronostrum o Desaladora de Escombreras (DE), Miguel Ángel Ródenas, Diego Manuel Pardo Domínguez y Diego Cola Palau, significaron ayer sendos jarros de agua fría -desalada o no es lo de menos- sobre otros tres imputados en el llamado ‘caso La Sal’: el exconsejero Antonio Cerdá, su asesora y mujer de confianza, María Antonieta Fernández, y el antiguo gerente de la EPA, Amalio Garrido.
Ródenas, Pardo y Cola, quienes ayer comparecieron en calidad de investigados ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, María del Mar Azuar, coincidieron en sus manifestaciones en el hecho de haber sido mantenidos totalmente al margen de decisiones trascendentales de esas entidades públicas, como las referentes a la adquisición de la planta desalinizadora de Escombreras, la asunción de compromisos de pago gravemente onerosos para las arcas públicas -como el de abonar 600 millones por la explotación de las instalaciones durante 25 años- y la aceptación de la cláusula legal denominada ‘take or pay’, que obligaba a realizar el desembolso incluso en el caso de que la desalobradora no produjera un solo litro de agua.
Los tres exconsejeros señalaron concretamente que de todas esas decisiones se les dio cuenta a posteriori, cuando ya se habían adoptado, y solo a efectos de «toma de conocimiento» o para su ratificación en el Consejo de Administración. Igualmente, manifestaron que en ningún caso se les aportó documentación sobre esas operaciones, de las que casi siempre tuvieron conocimiento por boca de Amalio Garrido, quien les habría insistido en que todo se había hecho conforme a la legalidad y previa emisión de los informes correspondientes. Entre ellos, el de un despacho privado de abogados, Ariño y Asociados, que fue en el que el EPA se apoyó fundamentalmente -al margen de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma- para acreditar que todo se estaba haciendo conforme a ley.
Nada de la compra del 49%
Fuentes próximas a esta investigación señalaron que Ródenas, Pardo y Cola fueron incluso más allá al señalar que, después de la adquisición en el año 2006 del 51% de la planta desaladora, cuando más tarde y de forma inopinada se decidió comprar el 49% restante, nunca tal decisión llegó a comentarse en el Consejo de Administración. Esta vez, ni siquiera a toro pasado. «Me enteré a partir de la apertura de estas diligencias», llegó a manifestar uno de los imputados que ayer declararon en el juzgado.
Algo similar a lo que habría ocurrido respecto de la decisión de la Administración regional de firmar una ‘comfort letter’ o carta de patrocinio o aval para garantizar el pago de un préstamo otorgado por Banesto para construir la desaladora. «Se nos informó cuando ya se había tomado la decisión. Se nos dijo que había una especie de compromiso previo de que la operación se iba a hacer con Banesto y que había un informe de Ariño sobre la legalidad de la operación», vinieron a señalar.
De alguna manera, los tres vinieron a reconocer que pecaron de exceso de confianza al validar todas las decisiones que ya se habían adoptado previamente. Pero señalaron que tenían «confianza plena» en la labor del presidente y del gerente del EPA, Antonio Cerdá y Amalio Garrido, respectivamente.
Una de las cuestiones a las que se prestó especial atención durante los interrogatorios de ayer, según las fuentes consultadas, es la referente a una frase, pronunciada por quien era gerente del EPA en ese momento, Amalio Garrido, y recogida en el acta de uno de los consejos de administración, que señala textualmente que determinados datos e informes «nos llevaron a decidirnos por este proyecto»: el de adquirir la desaladora de Escombreras. Algunas preguntas giraron en torno a qué otras personas pudo referirse Garrido, en aquella reunión, como corresponsables de la decisión de hacerse con la planta de Escombreras.
Para hoy están citados el exvicepresidente del EPA, Juan José Beltrán, y la asesora María Antonieta Fernández, además de uno de los integrantes del grupo de empresarios murcianos de los que surgió la iniciativa de construir una desaladora, aunque finalmente el control del proyecto fue asumido por sociedades del Grupo ACS.
Precisamente, mañana están citados, también como investigados, los altos directivos de ACS José Nebrera, Ramón Jiménez y Cristóbal González.
